El acuerdo contempla una inversión total de 120 millones de pesos en los 34 laboratorios que integran la red a lo largo del país. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, firmó hoy con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, representados por sus presidentes, Mario Bongianino y Pablo López Viñals, respectivamente, la octava addenda al convenio original firmado en abril de 2010. Este es un proyecto integral y federal que permite dar un paso trascendente en el proceso de fortalecimiento de la investigación del delito y descentralizar la capacidad pericial de cada región del país. Su objetivo es acompañar las reformas procesales penales locales. Para ello, los laboratorios están incorporando tecnología forense de última generación para el procesamiento de las evidencias. Garavano destacó que estos laboratorios cubren todo el territorio nacional y precisó que están dotados de tecnología de máxima calidad, y personal capacitado para el desarrollo de las pericias que demandan los procesos judiciales. “Con esto –señaló- buscamos brindarle a la Justicia las herramientas necesarias no sólo para investigar los delitos locales sino que, también, para combatir el crimen organizado, ya que estos recursos están disponibles para la Justicia Federal.”