El Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero presentó BRÚJULA, un programa de educación en ciudadanía digital destinado a adolescentes, familias y escuelas. La iniciativa fue impulsada por la Fiscal General, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, quien encabezó el acto de presentación.
Distinción institucional Río Paraná en reconocimiento a la integridad de la Dra. Cecilia Goyeneche
El programa Espejo Chubut y el software Sistema de Información para la Infancia (SIPI), desarrollados el primero por el MPF Chubut y el segundo por el MPF de CABA, fueron presentados en sede del Ministerio del Interior de Uruguay, en el marco de la Cooperación Sur-Sur en América Latina, aportados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el marco del Programa Global Ciberdelito.
Con el objetivo de hacer frente al crecimiento sostenido de las estafas y fraudes en entornos digitales, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina junto al Consejo Federal de Política Criminal formalizaron la creación de la «Red 24/7 de Investigaciones de Ciberfraude». La iniciativa, impulsada inicialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó refrendada mediante la firma de un Acta Compromiso suscripta el 14 de septiembre de 2026 en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut).
La necesidad de un esquema operativo federal
Las autoridades firmantes destacaron que los delitos informáticos y financieros presentan características complejas: una alta velocidad de ejecución, uso intensivo de tecnología, marcada dispersión geográfica de víctimas, autores y evidencia digital, y un claro componente interjurisdiccional. Frente a este escenario —que impacta de manera directa en el sistema financiero y la ciudadanía—, la nueva estructura busca superar los mecanismos tradicionales mediante un esquema operativo permanente, específico y de respuesta inmediata dedicado exclusivamente a esta clase de ilícitos.
La Red operará bajo la órbita de ambos Consejos firmantes y estará integrada por funcionarios referentes en la materia designados por las distintas jurisdicciones participantes. Su propósito central será optimizar los procesos de detección, investigación y persecución penal de los ciberfraudes.
Ejes estratégicos y modalidades de acción
Para dar cumplimiento a sus objetivos, los integrantes de la Red trabajarán sobre siete modalidades de acción clave:
· Canales de comunicación directa y permanente: Vías de contacto fluidas entre los fiscales designados para dar respuestas inmediatas a casos de urgencia.
· Base de Datos Federal de Ciberfraude: Creación de un registro nacional unificado para centralizar información sobre CBU/CVU reportados, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones IP, billeteras de criptoactivos, CUIT/CUIL, perfiles en redes sociales, códigos IMEI, entidades bancarias y todo dato objetivo relevante para las investigaciones.
· Articulación Público-Privada: Integración estratégica con entidades bancarias (tradicionales y digitales), fintech, billeteras virtuales, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), empresas de telecomunicaciones, proveedores de internet, plataformas de e-commerce, proveedores de servicios de pago y cámaras compensadoras, con el fin de agilizar la preservación de prueba digital y el congelamiento o bloqueo de dinero e insumos ilícitos.
· Estandarización de buenas prácticas: Elaboración de guías de actuación conjunta para incrementar la eficiencia en la persecución penal.
· Intercambio de información y análisis criminal: Parametrización y actualización de modalidades, patrones delictivos, vulnerabilidades y actores involucrados entre jurisdicciones para retroalimentar las estrategias investigativas.
· Especialización y capacitación continua: Instancias permanentes de formación sobre nuevas tecnologías, herramientas de investigación y tendencias delictivas.
· Análisis normativo: Un espacio dedicado al examen de la legislación y jurisprudencia aplicable al ciberfraude y al cibercrimen financiero.
Estructura organizativa y coordinación
Respecto a su funcionamiento interno, el acuerdo establece que cada una de las provincias designará, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a dos (2) representantes que pasarán a integrar la «Mesa Federal de Acceso».
A su vez, durante la primera reunión del espacio, la Mesa elegirá a dos provincias coordinadoras que asumirán anualmente las tareas de organización y funcionamiento operativo de la Red 24/7.
Acceda al Acta Compromiso AQUÍ
El 14 de septiembre de 2026, mediante la firma de un Acta Compromiso en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal acordaron la creación del Observatorio del Régimen Penal Juvenil (Observatorio RPJ). La iniciativa, suscrita por los presidentes de ambas entidades, el Dr. Jorge Omar Canteros y el Dr. Jorge Luis Miquelarena, representa una estrategia de "federalismo de concertación" diseñada para resolver las asimetrías de información que afectan al sistema de justicia.
Contexto y Fundamentos Institucionales
La creación del Observatorio RPJ surge para responder a la dispersión normativa y operativa que debilita la respuesta estatal frente al delito juvenil en el país. Siguiendo el modelo institucional del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos, este organismo se establece con el fin de asegurar que las políticas de persecución y defensa se apliquen con criterio de especialidad y uniformidad técnica en toda la Argentina.
Al integrarse formalmente dentro de la cúpula de la política criminal federal, el Observatorio queda blindado frente a contingencias coyunturales, constituyéndose como una política de Estado orientada a dar continuidad a los diagnósticos e intervenciones.
Puesta en Marcha y Estructura Organizativa
El diseño del Observatorio contempla un esquema jerárquico de dependencia directa respecto de los Consejos firmantes para asegurar su sostenibilidad política y técnica:
• Dirección Especializada: Se designará formalmente una dirección encargada del organismo, proyectando el inicio de sus funciones operativas para el primer trimestre de 2027.
• Representación Jurisdiccional: Cada provincia y jurisdicción será invitada a designar representantes jurídicos y técnicos.
• Órgano Asesor Interno: El Observatorio funcionará como un órgano consultivo interno para los Ministerios Públicos, concebido para impulsar el cambio de una justicia reactiva hacia una política criminal empírica.
Funcionamiento Operativo: La Red de Referentes
Para garantizar la llegada efectiva del proyecto a todo el territorio nacional, el acuerdo contempla la activación de la Red de Referentes del Observatorio RPJ, la cual actuará en tres fases consecutivas:
La primera fase será de designación y formalización Institucional en la que se nombrará a los enlaces jurídicos y técnicos ante el Observatorio por parte de cada Ministerio Público provincial. La segunda fase será de estandarización de canales de reporte e implicará la implementación de protocolos técnicos para garantizar que la información fluya desde las bases operativas al nodo central sin distorsiones. La fase 3 consistirá en el primer relevamiento Federal de diagnóstico, es decir la Ejecución de una consulta nacional sobre recursos disponibles para la presentación del primer informe de recursos institucionales.
Esta estructura busca visibilizar y coordinar a los especialistas locales para transformar datos primarios aislados en información procesada útil para la toma de decisiones estratégicas.
Gestión del Conocimiento e Impacto Federal
El pilar central del Observatorio RPJ es la gestión del conocimiento, entendida como el ciclo integral de recepción, procesamiento, análisis, reflexión y difusión de datos.
Al contemplar la heterogeneidad geográfica de sus miembros, el organismo busca que las recomendaciones de política criminal no resulten abstractas, sino que se adapten a las capacidades y desafíos específicos de cada provincia. La identificación precisa de los déficits en la red de especialistas e infraestructura permitirá optimizar la asignación presupuestaria y los recursos estatales, asegurando una respuesta armónica, especializada y respetuosa de los derechos humanos para los jóvenes en conflicto con la ley penal.
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