El Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Dr. Eduardo Urquiza, integró la delegación argentina que participó de la II Reunión de Coordinación Regional para el Combate de los Delitos Ambientales en América Latina y el Caribe (CORLAC), organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
El Dr. Urquiza participó en representación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y, en particular, de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA). La delegación argentina estuvo conformada además por el Director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Néstor Alberto Kiferling, y la Dra. Romina Hachman, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA).
El encuentro reunió a representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con el objetivo de intercambiar experiencias, unificar criterios y fortalecer mecanismos de cooperación frente a delitos ambientales de carácter transnacional, mediante una modalidad de taller y trabajo en red.
 Durante su intervención, al Ministerio Público Fiscal le correspondió exponer sobre las dificultades que presenta la persecución penal de los delitos ambientales y marítimos, tomando como referencia experiencias registradas en la provincia vinculadas con la depredación de recursos pesqueros. En particular, se abordaron los obstáculos que genera la ausencia, en el Código Penal vigente, de figuras específicamente adecuadas a determinadas conductas que afectan los recursos naturales.
Sobre este aspecto, se analizó el proyecto de ley ingresado durante el corriente año al Congreso de la Nación en materia de delitos vinculados con la pesca, que propone la tipificación específica de diversas conductas, contempla supuestos agravados cuando los hechos se cometen en zonas especialmente protegidas e incorpora previsiones relativas a la responsabilidad de personas físicas y jurídicas y al decomiso de los bienes vinculados con la actividad ilícita.
Asimismo, se destacó la particular naturaleza de los delitos ambientales, en tanto comprometen derechos de incidencia colectiva, cuya afectación no se limita a una víctima individualmente determinada, sino que puede proyectar sus consecuencias sobre la comunidad y las generaciones futuras.
La participación permitió, además, intercambiar experiencias con representantes de otros países de América Latina acerca de las principales problemáticas ambientales de cada región y fortalecer los canales de cooperación y trabajo conjunto entre fiscalías, autoridades marítimas y organismos especializados.