El Protocolo aprobado contempla un programa de capacitación para diferentes operadores que intervengan en los procesos penales iniciados con motivo de este delito. En este marco, el Consejo Federal de Política Criminal, juntamente con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires coorganizaron el "Programa de Capacitación en trata de personas – técnicas de investigación" que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata en mayo de 2011 y estuvo a cargo de un experto internacionalmente reconocido en lucha contra la trata de personas: Paul Holmes, con destacada trayectoria en el ámbito de la OIM, la Unión Europea y Scotland Yard (Londres) desempeñándose siempre en el combate al tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación de niños y crimen organizado, siendo un experto en entrenamiento de las fuerzas de seguridad y en la confección de manuales de mejores prácticas sobre la temática. Participaron más de 40 integrantes de los Ministerios Públicos de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias argentinas. La capacitación se centró en dos aspectos básico del delito: El trabajo con la víctima: la trata de personas y delitos conexos; identificación de la victima de trata; entrevista de la víctima-testigo y situaciones adversas a tener en cuenta; actividad fiscal tendiente a corroborar los dichos de las víctimas para poder dotar de mayor fuerza probatoria la versión dada. Técnicas de investigación: investigaciones reactivas -teniendo como eje central la denuncia y versión de la víctima-; técnicas de investigación preactivas: verificación dentro de locales nocturnos, investigaciones patrimoniales, métodos a utilizar por los funcionarios que realizan las tareas de inteligencia, métodos de vigilancia; operaciones encubiertas. La metodología seguida por el capacitador combinó la exposición teórica, sesiones grupales y de brainstorming, ejercicios y debates grupales y debates plenarios.
Novedades
EL ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak en compañía del ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, la ministra de Justicia María Inés Diez, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas y el Procurador General, Pablo López Viñals, inauguraron el Centro de Investigaciones Forenses. Previo a la apertura formal a cargo de la presidenta Fernández de Kirchner, se realizó el tradicional corte de cintas y un recorrido por las instalaciones de este Centro que demandó una inversión de más de 12 millones de pesos, aportados por la provincia de Salta y el Gobierno nacional. “Esta inauguración es un acto de federalismo que permitirá a la provincia de Salta realizar sus estudios forenses en el lugar, sin necesidad de trasladarse a otros centros como Buenos Aires” dijo el ministro de Justicia Alak, quien además agregó que este laboratorio de más de 210 m2, brindará además certeza y confiabilidad en los estudios realizados, porque cuenta con el equipo de última tecnología, y además con personal especializado para realizar la tarea. Por su parte el procurador López Viñals luego de agradecer la visita de la Presidenta y de los demás funcionarios, aseguró que la apertura de este laboratorio es la inauguración de un nuevo estilo de justicia en la Argentina, donde con la ayuda del Gobierno Nacional y Provincial, el Poder Judicial recupera la posibilidad de la investigación penal con materiales humanos y tecnológicos de última generación. Este laboratorio, que funciona en el primer piso del anexo del Ministerio Público, cuenta con la última tecnología para realizar pruebas forenses y además cumple con todos los protocolos internacionales en lo que respecta al cuidado del recurso humano que trabaja en las instalaciones como en el Medio ambiente. El Centro Forense cuenta con diferentes secciones, como el gabinete anátomo-patológico forense, que tiene por objetivo determinar las causales posibles de muerte y certificar lesiones corporales. Cuenta además con el laboratorio de microscopía electrónica de barrido, donde se encuentra un microscopio electrónico que permite aumentar una imagen un millón de veces, a la vez que realiza sobre las muestras análisis del tipo químico. Este instrumental, el primero en su tipo en funcionamiento del país, está ubicado sobre un cubo antisísmico, para evitar que se afecte con las vibraciones típicas del suelo. Funcionan allí otros gabinetes como el de Espectroscopía; cromatografía, anatomía patológica, balística y rastros; entomología y genética. En estos se determina la presencia o ausencia de sustancias tóxicas en muestras forenses. Asimismo, busca y procesa evidencia de naturaleza u origen biológico de muestras forenses. Participaron de esta actividad, el secretario de Gobierno, Maximiliano Troyano, la Defensora General Adriana Arellano; además de otros funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público de Salta y provincias vecinas.
Esta importante actividad se desarrolló en 8 encuentros que tuvieron lugar en la provincia de San Juan entre julio y octubre de 2010. Contaron con la coordinación académica del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la organización a cargo del Ministerio Público de la provincia de San Juan, así como de instituciones universitarias y entidades intermedias de dicha provincia y la región cuyana. Los temas abordados fueron, entre otros: la investigación criminal frente a los cambios de paradigmas; la pedofilización de la trata y tráfico de personas; temas de genética práctica; nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal; delitos informáticos; influencia de los medios de comunicación en la difusión de la investigación criminal y la práctica forense y la importancia del trabajo interdisciplinario en la investigación criminal.
El día jueves 22 de abril de 2010, en el Salón Norte de Casa Rosada, se celebró el Acto de suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN FORENSES entre La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, representado por su titular Dr. Aníbal Domingo Fernández; el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, representado por su titular Dr. Julio César Alak; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina representada por su Presidenta Dra. Liliana Laura Piccinini y el Consejo Federal de Política Criminal representado por su Presidenta la Dra. María del Carmen Falbo, contando con la presencia de los Sres. Procuradores Generales y Fiscales Generales de todas las jurisdicciones de la República Argentina. Por el mismo, dentro de los 60 días de su firma se recibirá -en primera etapa- la suma de $15.000.000 destinados a la compra de aparatología de última generación.-
Por medio de la ley 26364, la República Argentina asumió el compromiso de desplegar acciones estatales efectivas en relación con el delito de trata de personas, basadas en 4 ejes: prevención, sanción, asistencia y protección integral. Posteriormente, en el ámbito del Consejo Federal de Política Criminal se creó una subcomisión integrada por los Procuradores Generales Dres. Falbo (provincia de Buenos Aires), Piccinini (provincia de Río Negro), Garavano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Lopez Viñals (provincia de Salta) y Vezzaro (provincia de Córdoba). La subcomisión decidió en su primera reunión efectuada el 22 de mayo de 2009 en la ciudad de Buenos Aires, emprender actividades de capacitación para operadores de todos los Ministerios Públicos y además avanzar en la elaboración de un protocolo investigativo para casos de delitos conexos con el de trata de personas. En julio de 2009, tuvo lugar en Córdoba una capacitación teórico/práctica brindada por el Dr. Marcelo Alvarez (Fiscal de Río Negro) y por el Dr. Marcelo Colombo (Fiscal Federal a cargo de la unidad especializada en secuestros y trata). En esa oportunidad, comenzó a delinearse un proyecto de protocolo sobre la base de varios documentos de importancia: el redactado por la Procuración General de Río Negro con anterioridad a la sanción de la ley 26364, el por entonces último informe de la Organización Internacional para las Migraciones para Argentina (año 2006) y otros instrumentos jurídicos referidos a esta temática, como el Protocolo de Palermo. El Protocolo de actuación finalmente fue aprobado por todos los Ministerios Públicos en ocasión de las XXII Jornadas nacionales de los Ministerios Públicos, que tuvieron lugar en agosto de 2009, teniendo por objetivos homogeneizar y profesionalizar la investigación de este grave flagelo que -si bien es de competencia federal- se vincula u oculta detrás de otros delitos y/o contravenciones que son de competencia provincial.
