Por medio de la ley 26364, la República Argentina asumió el compromiso de desplegar acciones estatales efectivas en relación con el delito de trata de personas, basadas en 4 ejes: prevención, sanción, asistencia y protección integral. Posteriormente, en el ámbito del Consejo Federal de Política Criminal se creó una subcomisión integrada por los Procuradores Generales Dres. Falbo (provincia de Buenos Aires), Piccinini (provincia de Río Negro), Garavano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Lopez Viñals (provincia de Salta) y Vezzaro (provincia de Córdoba). La subcomisión decidió en su primera reunión efectuada el 22 de mayo de 2009 en la ciudad de Buenos Aires, emprender actividades de capacitación para operadores de todos los Ministerios Públicos y además avanzar en la elaboración de un protocolo investigativo para casos de delitos conexos con el de trata de personas. En julio de 2009, tuvo lugar en Córdoba una capacitación teórico/práctica brindada por el Dr. Marcelo Alvarez (Fiscal de Río Negro) y por el Dr. Marcelo Colombo (Fiscal Federal a cargo de la unidad especializada en secuestros y trata). En esa oportunidad, comenzó a delinearse un proyecto de protocolo sobre la base de varios documentos de importancia: el redactado por la Procuración General de Río Negro con anterioridad a la sanción de la ley 26364, el por entonces último informe de la Organización Internacional para las Migraciones para Argentina (año 2006) y otros instrumentos jurídicos referidos a esta temática, como el Protocolo de Palermo. El Protocolo de actuación finalmente fue aprobado por todos los Ministerios Públicos en ocasión de las XXII Jornadas nacionales de los Ministerios Públicos, que tuvieron lugar en agosto de 2009, teniendo por objetivos homogeneizar y profesionalizar la investigación de este grave flagelo que -si bien es de competencia federal- se vincula u oculta detrás de otros delitos y/o contravenciones que son de competencia provincial.