El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó hoy dos convenios de cooperación con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos para brindar a los fiscales mejores herramientas y contribuir a la eficiencia del funcionamiento del sistema de justicia. Firmaron los convenios el ministro de Justicia, Germán Garavano; el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales, Mario Bongianino; y presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos, Pablo Viñals. El Ministerio brindará asistencia técnica para implementar el Programa de Modernización del Ministerio Público que implica la capacitación obligatoria para todos los fiscales y secretarios judiciales del país en materia de gestión y modernización judicial, investigación criminal  e investigación oral. También se instalará un aula virtual para capacitar a distancia a todos los fiscales y funcionarios judiciales del país. El convenio señala que un comité académico formado por el presidente del Consejo de Procuradores, el presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos y un representante del Ministerio de Justicia, diagramará la currícula de los cursos de capacitación. El trabajo de las fiscalías se verá sensiblemente agilizado, brindando más información y de mejor calidad, lo que derivará en mejores investigaciones y en la baja de los niveles de impunidad. Garavano firmó también un convenio de cooperación entre el Registro Nacional de Reincidencia y los citados Consejos con el objetivo de modernizar el intercambio de información entre  organismos. El Ministerio destinará 18 millones de pesos que se utilizarán para la adquisición y distribución de software y dispositivos tecnológicos (cámaras y scanners digitales) para interconectar a los organismos y enviar en formato digital los pedidos de informes de antecedentes penales, la recepción de dictámenes de las fiscalías y comunicaciones de resoluciones judiciales, reduciendo considerablemente los tiempos de respuesta. También implica un significativo ahorro económico. La iniciativa se enmarca en los principios del Programa Justicia 2020 que impulsa el ministro Garavano y proyecta una Justicia más cercana a la comunidad, independiente, moderna, transparente y accesible.