Con el objetivo de hacer frente al crecimiento sostenido de las estafas y fraudes en entornos digitales, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina junto al Consejo Federal de Política Criminal formalizaron la creación de la «Red 24/7 de Investigaciones de Ciberfraude». La iniciativa, impulsada inicialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó refrendada mediante la firma de un Acta Compromiso suscripta el 14 de septiembre de 2026 en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut).
La necesidad de un esquema operativo federal
Las autoridades firmantes destacaron que los delitos informáticos y financieros presentan características complejas: una alta velocidad de ejecución, uso intensivo de tecnología, marcada dispersión geográfica de víctimas, autores y evidencia digital, y un claro componente interjurisdiccional. Frente a este escenario —que impacta de manera directa en el sistema financiero y la ciudadanía—, la nueva estructura busca superar los mecanismos tradicionales mediante un esquema operativo permanente, específico y de respuesta inmediata dedicado exclusivamente a esta clase de ilícitos.
La Red operará bajo la órbita de ambos Consejos firmantes y estará integrada por funcionarios referentes en la materia designados por las distintas jurisdicciones participantes. Su propósito central será optimizar los procesos de detección, investigación y persecución penal de los ciberfraudes.
Ejes estratégicos y modalidades de acción
Para dar cumplimiento a sus objetivos, los integrantes de la Red trabajarán sobre siete modalidades de acción clave:
· Canales de comunicación directa y permanente: Vías de contacto fluidas entre los fiscales designados para dar respuestas inmediatas a casos de urgencia.
· Base de Datos Federal de Ciberfraude: Creación de un registro nacional unificado para centralizar información sobre CBU/CVU reportados, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones IP, billeteras de criptoactivos, CUIT/CUIL, perfiles en redes sociales, códigos IMEI, entidades bancarias y todo dato objetivo relevante para las investigaciones.
· Articulación Público-Privada: Integración estratégica con entidades bancarias (tradicionales y digitales), fintech, billeteras virtuales, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), empresas de telecomunicaciones, proveedores de internet, plataformas de e-commerce, proveedores de servicios de pago y cámaras compensadoras, con el fin de agilizar la preservación de prueba digital y el congelamiento o bloqueo de dinero e insumos ilícitos.
· Estandarización de buenas prácticas: Elaboración de guías de actuación conjunta para incrementar la eficiencia en la persecución penal.
· Intercambio de información y análisis criminal: Parametrización y actualización de modalidades, patrones delictivos, vulnerabilidades y actores involucrados entre jurisdicciones para retroalimentar las estrategias investigativas.
· Especialización y capacitación continua: Instancias permanentes de formación sobre nuevas tecnologías, herramientas de investigación y tendencias delictivas.
· Análisis normativo: Un espacio dedicado al examen de la legislación y jurisprudencia aplicable al ciberfraude y al cibercrimen financiero.
Estructura organizativa y coordinación
Respecto a su funcionamiento interno, el acuerdo establece que cada una de las provincias designará, en un plazo máximo de 30 días hábiles, a dos (2) representantes que pasarán a integrar la «Mesa Federal de Acceso».
A su vez, durante la primera reunión del espacio, la Mesa elegirá a dos provincias coordinadoras que asumirán anualmente las tareas de organización y funcionamiento operativo de la Red 24/7.
Acceda al Acta Compromiso AQUÍ
