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Con el fin de continuar con una de las etapas del plan de la Red Nacional de Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses.

 

El gobierno nacional invertirá 50 millones de pesos durante 2015 en el desarrollo de la sexta etapa del plan que permitió la creación de la Red Nacional de Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses, según lo anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, durante un encuentro que mantuvo con los representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y del Consejo Federal de Política Criminal en la sede de la cartera de Justicia. Alak manifestó que "esta red es el proyecto más integral y federal dado en la Justicia argentina en los últimos cincuenta años, y es una decisión del gobierno nacional seguir apoyándola, por el significativo aporte que representa para la investigación criminal y la descentralización de los procesos penales”. "La instalación de laboratorios forenses con equipos de última generación en todo el país, permite dar un paso trascendente en el proceso de descentralización y agilización de los procesos penales”, consideró el funcionario. Alejandro Ficoseco, titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y Eduardo Quattropani, presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos, firmaron con Alak el acuerdo para la continuidad durante este año de la instalación de Laboratorios de Investigaciones Forenses en todas las regiones y provincias del país. El monto del convenio rubricado asciende a $ 40.700.000, previéndose una suma complementaria para fin de año hasta llegar a los $ 50 millones. El programa, elaborado por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina junto al Consejo Federal de Política Criminal (que reúne a los titulares del Ministerio Público Fiscal de las provincias), fue creado para evitar la concentración de los estudios en la Ciudad de Buenos Aires. La Red, cuyo equipamiento demandó hasta el momento al Estado nacional una inversión estimada en 83 millones de pesos, está integrada por un total de 29 institutos que cubren todo el territorio nacional y están dotados de tecnología de máxima calidad y personal de alta capacitación profesional para el desarrollo de todos los estudios y las pericias que demandan los procesos judiciales. Por su intermedio, cada región del país (Cuyo, NEA, NOA, Centro, Patagonia Norte, Patagonia Sur y Buenos Aires) y cada una de las provincias, recibieron moderna tecnología para la investigación criminal. El Gobierno nacional financió el equipamiento de los 29 laboratorios, mientras que los Ministerios Públicos o las Cortes de Justicia provinciales aportaron los edificios, los salarios del personal y los gastos de funcionamiento. La Red se integra con siete laboratorios centrales de alta complejidad como cabeceras de las regiones Noroeste, Noreste, Cuyo, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur; 17 laboratorios satelitales y cinco institutos especializados en la provincia de Buenos Aires. Esa organización permite que los jueces y fiscales puedan, en su propia jurisdicción, ordenar peritajes sin recurrir a Buenos Aires o depender de las fuerzas de seguridad o laboratorios privados; y desarrollar sus investigaciones con la mayor celeridad, eficiencia y autonomía. Los centros de alta complejidad que se integran a la red brindan a la investigación criminal todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que requiere el proceso penal, incorporando tecnología de última generación y dotando a los operadores del Ministerio Público Fiscal de los recursos técnicos de avanzada que ya se encuentran consensuados a nivel internacional como herramientas de alto valor indiciario y probatorio. Junto a Alak estuvieron la jefa de Gabinete de Asesores, Gabriela Stortoni; el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Martini; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Nicolás Soler; y la directora de Infojus, María Paula Pontoriero. También concurrieron los procuradores generales de Buenos Aires, María del Carmen Falbo; Salta, Pablo Viñals; Chubut, Jorge Miquelarena; Río Negro, Silvia Baquero Lazcano; y Formosa, Sergio López. Asistieron además los fiscales generales de Santiago del Estero, Luis de la Rúa; La Rioja, Hugo Montivero; CABA, Martín Ocampo; Córdoba, Alejandro Moyano; Corrientes, César Sotelo; de La Rioja, Hugo Montivero; de Corrientes, Pedro Sotelo; la fiscal Adjunta de la Procuración de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche; y Miguel Ángel Molinari, fiscal General Subrogante de Santa Fe. (Redacción El Intransigente)  Los laboratorios: - Laboratorio Forense del NOA, con sede en Salta y una subsede en Jujuy, brinda asistencia a Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. - Laboratorio Regional del Región NEA, en Resistencia, para Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa. - Laboratorio Forense de Patagonia Norte, con sede en Bariloche y subsedes en Cipolletti y Comodoro Rivadavia, prestan asistencia a las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut. - Laboratorio Regional para Región Patagonia Sur, que asiste a la justicia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. - Laboratorio Regional de Cuyo, para Mendoza, San Juan y San Luis. - Laboratorio Central de la Región Centro, Córdoba, asistirá a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. - En la provincia de Buenos Aires son cinco institutos de investigación criminal y ciencias forenses en Vicente López, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes y Mar del Plata. Estudios: - Muestras biológicas de sangre, semen, saliva y tejido óseo. - Estudios de filiación y parentesco - Análisis toxicológicos ambientales en agua, suelo y desechos industriales - Pruebas de balística - Determinación de sustancias tóxicas en víctimas vivas y post mortem - Identificación de evidencias biológicas en hechos criminales - Identificación antropológica de restos humanos - Análisis de ADN automatizados y de alta confiabilidad - Identificación de víctimas en desastres colectivos

En nuestro carácter de Presidentes del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, asociaciones que agrupan a la totalidad de los Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales del país hacen llegar, adjunto, pronunciamiento vinculado a la muerte del colega, el Fiscal Alberto Nisman.

 

COMUNICADO DE PRENSA EN REFERENCIA A LA MUERTE DEL COLEGA DR. ALBERTO NISMAN En nuestro carácter de Presidentes del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, a la sociedad argentina en general y a los miembros de los Ministerios Públicos en particular, decimos que: I) Hemos querido esperar un prudente y razonable lapso para pronunciarnos respecto a hechos que ocupan parte importante de la preocupación de todos los Argentinos. II) Como mínimo dos motivos había para ello, el uno la importancia y trascendencia de la cuestión, el otro la prudencia que debe requerirse por parte de quienes ejercen las Presidencias de las Asociaciones que agrupan la totalidad de los Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales del País (Procuradores y Fiscales Generales de cada Provincia y de Ciudad Autónoma). III) Que previo a todo es imprescindible dejar dicho que constituye evidente error otorgarle, a una parcialidad, la Justicia Nacional / Federal, el alcance de “Justicia Argentina” pues, atento a nuestra Organización Constitucional, cada Provincia y Ciudad Autónoma reconocen su propia organización Judicial (Art. 5 Constitución Nacional). IV) El momento requiere que, en verdad, se supere el  estado discursivo en cuanto a reclamar o postular la independencia de los Ministerios Públicos y/o Poderes Judiciales, para trabajar concretamente para ello evitando su degradación cada vez que no se obtiene el resultado subjetivamente esperado o adecuado a los intereses particulares o sectoriales. V) El requerimiento de esa conducta debe hacerse a todos aquellos que ocupan lugares de ejercicio de Poder Real en la Sociedad, pues nadie puede, seriamente, desconocer su enorme impacto en la formación de la opinión pública. VI) Claro está, el más urgente reclamo debe hacerse hacia el propio interior de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales, requiriéndose de sus miembros prudencia, decoro, templanza, sabiduría como complementos imprescindibles de la Independencia de Criterio la que no debe ser peticionada como una concesión graciosa sino que debe ser ejercida en plenitud como deber primario del cargo, virtudes estas que, estamos profundamente convencidos, inspiran a la inmensa mayoría de Fiscales, Magistrados, Funcionarios y Empleados de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales. VII) No resulta fácil – de ahí nuestras convocatorias y requerimientos – obtener credibilidad en los operadores del Derecho cuando en ocasiones los intereses que reconocen importantes sectores no están emparentados con Verdad y Justicia, sino con otros fines que, aunque lícitos, no persiguen ese ideal, extendiéndose esa falta de credibilidad, a no dudarlo, sobre esos mismos sectores, con grave daño a la paz social. VIII) Si se pretende, en verdad, contribuir a la calidad Institucional, entendemos necesario asegurarle a Jueces, Fiscales, Peritos, Cuerpos de Investigadores el más absoluto apoyo, debiéndose poner de relieve que se evidencia, hoy mas que nunca, la necesidad de que las jurisdicciones que aún no lo hacen adopten el Sistema Acusatorio –Investigación Fiscal- y que los distintos Ministerios Públicos cuenten con su propia Agencia o Cuerpo de Investigaciones. IX) Que la independencia que se reclama demanda, además,  que quienes tenemos representaciones institucionales o cargos de jerarquía nos abstengamos de emitir pareceres sobre la materialidad de la muerte del colega Dr. Alberto Nisman o los motivos que la determinaron, todo ello debe ser profunda y legalmente evaluado por los colegas actuantes en un marco que no incluya presiones fundadas en creencias de quienes por su posicionamiento en la Sociedad, pueda influir notoriamente en la formación de opiniones colectivas. X) Que el indisimulado aporte de ambos Consejos a los Ministerios Públicos de la República Argentina ha sido y es concreto, lo que se ha efectuado - es público y notorio – conduciendo a las Asociaciones por caminos de absoluta independencia y con ausencia de compromisos políticos – sin perjuicio del pensamiento ciudadano de cada uno de sus miembros – todo lo que nos autoriza a postular como se hace y ofrecer a nuestros colegas de los Ministerios Públicos Fiscales, el apoyo y colaboración en todo lo que haga al mejor cumplimiento de las funciones. XI) Nuestra conmoción por la muerte del colega – sea cual fuere la causa – nuestro respetuoso acompañamiento a su familia y amistades, nos obliga, aún más, a evitar pronunciar frases de ocasión o conceptos oportunistas, para introducirnos en lo profundo de la institucionalidad, redoblando el esfuerzo en nuestro ideal por fortalecer las estructuras de los Ministerios Públicos, la investigación científica, la independencia funcional, el compromiso con la verdad y la justicia, y un muy alto sentido de pertenencia a una sociedad y a un pueblo que requiere de nuestros mayores esfuerzos. FEBRERO 12 DE 2015.                           Dr. Alejandro R. Ficoseco                                                                     Dr. Eduardo Quattropani            Presidente Consejo de Procuradores,                                      Presidente Consejo Federal de Política Criminal      Fiscales, Defensores y Asesores Generales                                de los Ministerios Públicos de la República Argentina                                               de la República Argentina                                        Fiscal General de la Corte de Justicia de la Pcia de San Juan Fiscal General  del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy