Río Gallegos, 10 de junio (Télam, enviado especial).- Fiscales generales y procuradores de todo el país que participaron hoy junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la inauguración del laboratorio de investigaciones forenses de Río Gallegos, catalogaron la medida como “la iniciativa judicial más federal de la historia Argentina”. “Cómo no vamos a aprovechar desde el Poder Judicial la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías que nos permiten dar respuestas a la sociedad en materia de investigación de hechos ilícitos”, afirmó a Télam Alejandro Ficoseco, fiscal general de Jujuy y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina. “Cómo no vamos a aprovechar desde el Poder Judicial la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías que nos permiten dar respuestas a la sociedad en materia de investigación de hechos ilícitos”, afirmó a Télam Alejandro Ficoseco, fiscal general de Jujuy y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina. Hecho con aportes del Gobierno nacional, el laboratorio de Río Gallegos es uno de los seis regionales y tiene una superficie de 450 metros cuadrados, donde funcionan a partir de hoy las áreas de criminalística, balística, biología molecular y genética forense; toxicología y química legal; anatomía patológica y biología forense. Al respecto, el fiscal general de Santa Cruz, Claudio Espinoza, dijo: “El laboratorio regional forense va a ayudar en la inmediatez de la obtención de las pruebas y en la rapidez de los resultados, porque se evita mandarlas a Buenos Aires o Córdoba o entregarlas a las fuerzas de seguridad, que son quienes hacían este trabajo, con lo que se evita el riesgo de que se pierdan o se malogren con el traspaso y manoseo”. Junto con la inauguración del laboratorio de Patagonia Sur, con sede en Río Gallegos,  por videoconferencia la Presidenta también lanzó el regional NEA, en Resistencia, Chaco, y se mostraron imágenes de las instalaciones de Mendoza y de la subsede Chubut. En ese sentido, se destacó que las pericias que ahora tardan 14 días en realizarse, llegaban a demorarse hasta seis meses. Salta fue la primera provincia donde se inauguró hace tres años un laboratorio regional y así lo explicó a Télam su procurador general, Pablo López Viñals: “Fue un cambio cultural de lo que es el proceso penal”. “Se transitaba antes por metodologías contrarias a la Constitución en materia de esclarecimiento de delitos, dejándole a la policía un margen muy amplio de prácticas que no son las adecuadas, y los tribunales estaban más bien proclives a aceptar cualquier tipo de base probatoria, incluso la que no era estrictamente la adecuada a la construcción de la verdad”, afirmó López Viñals. El procurador salteño expresó que “es particularmente grave porque en el proceso penal existe el principio de inocencia y el beneficio de la duda, la verdad es que los tribunales estaban condenando en situaciones de duda. La introducción de la investigación penal científica nos acerca a los parámetros constitucionales y a ser más certeros a la hora de hacer una buena imputación y esclarecer un hecho delictivo frente al reclamo contra la impunidad que hace la sociedad”. El Programa de Laboratorios Regionales y Ciencias Forenses surgió como iniciativa en 2009 y comenzó a hacerse realidad un año más tarde, con el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los consejos de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y el Federal de Política Criminal. Hasta ese entonces, los fiscales debían recurrir o a las fuerzas de seguridad o a laboratorios privados, pero en todos los casos se trataba de equipamiento deficiente para el avance tecnológico que hay en la actualidad en las ciencias forenses. “Se nos ocurrió regionalizar equipos que de otra manera era muy caro adquirir y hacer dos niveles de atención, uno de menor complejidad en las provincias para cuestiones diarias, y lo más complejo llevarlo a los laboratorios regionales”, explicó el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Entre 2010 y 2012 se han ejecutado 54.300.000 pesos y se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, un convenio para ejecutar, en 2013, 27.700.000 pesos, para terminar la red de seis laboratorios centrales en todo el país, más los de la provincia de Buenos Aires. En Chaco se equipó el laboratorio con un video comparador espectral de documentos; un macroscopio estereoscópico trinocular, un microscopio de barrido electrónico Zeiss Evo LS15 con microsonda de rayos (que solo hay tres en el país) con monitor asociado y metalizador de punto crítico; un cromatógrafo de gases Agilent con Autosampler detectores FID y NPD y software Ezchrom, con PC, impresora y monitor asociado; un termoreciclador PCR real time y un microscopio biológico Leica DM 500, entre otros elementos técnicos. En ese marco, también se ponen en marcha laboratorios satélites en las provincias, que poseen una aparatología de menor complejidad, una política que también se complementó con la compra de equipamientos para las morgues provinciales y móviles criminalísticos para asistir a los lugares de los hechos. “Nosotros creemos que las fuerzas de seguridad están para brindar otro tipo de atenciones, tienen que hacer la prevención de los ilícitos, y la Justicia está para investigar los hechos delictivos”, dijo Ficoseco, y agregó: “Una parte muy importante de la investigación es la científica y no podían los poderes judiciales provinciales estar fuera de estos avances científicos que están disponibles en el mundo”. “El programa es uno de los proyectos más federales en relación a la justicia en la historia argentina porque es inédito que el Estado nacional asista a los poderes judiciales con aportes de dinero o compra de equipos, siempre se daba con la Justicia Federal o Nacional, y esto se da con las provinciales, quienes tenemos la responsabilidad de investigar la mayoría de los hechos delictivos que ocurren en el país”, remarcó el fiscal general jujeño. El presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina contó que uno de los problemas que se les presentó cuando empezaron a instalar los laboratorios fue la carencia de profesionales especializados en el tema forense. “Formamos la Red Nacional Forense que integran todos los profesionales de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales provinciales que trabajan en los laboratorios y que entre sí se interconectan, crean protocolos de trabajo unificados, validan los procedimientos y dictan capacitaciones”, manifestó Ficoseco. “Lo que ya está conformado es un mecanismo regional que efectivamente tiene funcionando los puntos regionales que estaban diseñados originariamente, y además se logró establecer una red de vinculación nacional que permite que haya una interconsulta constante entre los referentes técnicos”, agregó López Viñals. Y el fiscal procurador salteño remarcó: “Muchas veces en la Argentina se hacen proyectos que te dejan en situación de asimetría entre una región y otra, pero esta vez está todo muy bien equilibrado”. (Télam).-

En el marco de la implementación de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense se realizó la entrega del móvil criminalístico al gabinete científico judicial de la Provincia de Corrientes.

Río Gallegos, 10 de junio (Télam, enviado especial).- Fiscales generales y procuradores de todo el país que participaron hoy junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la inauguración del laboratorio de investigaciones forenses de Río Gallegos, catalogaron la medida como “la iniciativa judicial más federal de la historia Argentina”. “Cómo no vamos a aprovechar desde el Poder Judicial la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías que nos permiten dar respuestas a la sociedad en materia de investigación de hechos ilícitos”, afirmó a Télam Alejandro Ficoseco, fiscal general de Jujuy y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina. “Cómo no vamos a aprovechar desde el Poder Judicial la posibilidad de acceder a estas nuevas tecnologías que nos permiten dar respuestas a la sociedad en materia de investigación de hechos ilícitos”, afirmó a Télam Alejandro Ficoseco, fiscal general de Jujuy y presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina. Hecho con aportes del Gobierno nacional, el laboratorio de Río Gallegos es uno de los seis regionales y tiene una superficie de 450 metros cuadrados, donde funcionan a partir de hoy las áreas de criminalística, balística, biología molecular y genética forense; toxicología y química legal; anatomía patológica y biología forense. Al respecto, el fiscal general de Santa Cruz, Claudio Espinoza, dijo: “El laboratorio regional forense va a ayudar en la inmediatez de la obtención de las pruebas y en la rapidez de los resultados, porque se evita mandarlas a Buenos Aires o Córdoba o entregarlas a las fuerzas de seguridad, que son quienes hacían este trabajo, con lo que se evita el riesgo de que se pierdan o se malogren con el traspaso y manoseo”. Junto con la inauguración del laboratorio de Patagonia Sur, con sede en Río Gallegos,  por videoconferencia la Presidenta también lanzó el regional NEA, en Resistencia, Chaco, y se mostraron imágenes de las instalaciones de Mendoza y de la subsede Chubut. En ese sentido, se destacó que las pericias que ahora tardan 14 días en realizarse, llegaban a demorarse hasta seis meses. Salta fue la primera provincia donde se inauguró hace tres años un laboratorio regional y así lo explicó a Télam su procurador general, Pablo López Viñals: “Fue un cambio cultural de lo que es el proceso penal”. “Se transitaba antes por metodologías contrarias a la Constitución en materia de esclarecimiento de delitos, dejándole a la policía un margen muy amplio de prácticas que no son las adecuadas, y los tribunales estaban más bien proclives a aceptar cualquier tipo de base probatoria, incluso la que no era estrictamente la adecuada a la construcción de la verdad”, afirmó López Viñals. El procurador salteño expresó que “es particularmente grave porque en el proceso penal existe el principio de inocencia y el beneficio de la duda, la verdad es que los tribunales estaban condenando en situaciones de duda. La introducción de la investigación penal científica nos acerca a los parámetros constitucionales y a ser más certeros a la hora de hacer una buena imputación y esclarecer un hecho delictivo frente al reclamo contra la impunidad que hace la sociedad”. El Programa de Laboratorios Regionales y Ciencias Forenses surgió como iniciativa en 2009 y comenzó a hacerse realidad un año más tarde, con el trabajo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de los consejos de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y el Federal de Política Criminal. Hasta ese entonces, los fiscales debían recurrir o a las fuerzas de seguridad o a laboratorios privados, pero en todos los casos se trataba de equipamiento deficiente para el avance tecnológico que hay en la actualidad en las ciencias forenses. “Se nos ocurrió regionalizar equipos que de otra manera era muy caro adquirir y hacer dos niveles de atención, uno de menor complejidad en las provincias para cuestiones diarias, y lo más complejo llevarlo a los laboratorios regionales”, explicó el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Entre 2010 y 2012 se han ejecutado 54.300.000 pesos y se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, un convenio para ejecutar, en 2013, 27.700.000 pesos, para terminar la red de seis laboratorios centrales en todo el país, más los de la provincia de Buenos Aires. En Chaco se equipó el laboratorio con un video comparador espectral de documentos; un macroscopio estereoscópico trinocular, un microscopio de barrido electrónico Zeiss Evo LS15 con microsonda de rayos (que solo hay tres en el país) con monitor asociado y metalizador de punto crítico; un cromatógrafo de gases Agilent con Autosampler detectores FID y NPD y software Ezchrom, con PC, impresora y monitor asociado; un termoreciclador PCR real time y un microscopio biológico Leica DM 500, entre otros elementos técnicos. En ese marco, también se ponen en marcha laboratorios satélites en las provincias, que poseen una aparatología de menor complejidad, una política que también se complementó con la compra de equipamientos para las morgues provinciales y móviles criminalísticos para asistir a los lugares de los hechos. “Nosotros creemos que las fuerzas de seguridad están para brindar otro tipo de atenciones, tienen que hacer la prevención de los ilícitos, y la Justicia está para investigar los hechos delictivos”, dijo Ficoseco, y agregó: “Una parte muy importante de la investigación es la científica y no podían los poderes judiciales provinciales estar fuera de estos avances científicos que están disponibles en el mundo”. “El programa es uno de los proyectos más federales en relación a la justicia en la historia argentina porque es inédito que el Estado nacional asista a los poderes judiciales con aportes de dinero o compra de equipos, siempre se daba con la Justicia Federal o Nacional, y esto se da con las provinciales, quienes tenemos la responsabilidad de investigar la mayoría de los hechos delictivos que ocurren en el país”, remarcó el fiscal general jujeño. El presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina contó que uno de los problemas que se les presentó cuando empezaron a instalar los laboratorios fue la carencia de profesionales especializados en el tema forense. “Formamos la Red Nacional Forense que integran todos los profesionales de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales provinciales que trabajan en los laboratorios y que entre sí se interconectan, crean protocolos de trabajo unificados, validan los procedimientos y dictan capacitaciones”, manifestó Ficoseco. “Lo que ya está conformado es un mecanismo regional que efectivamente tiene funcionando los puntos regionales que estaban diseñados originariamente, y además se logró establecer una red de vinculación nacional que permite que haya una interconsulta constante entre los referentes técnicos”, agregó López Viñals. Y el fiscal procurador salteño remarcó: “Muchas veces en la Argentina se hacen proyectos que te dejan en situación de asimetría entre una región y otra, pero esta vez está todo muy bien equilibrado”. (Télam).-

El presidente del Superior Tribunal de Justicia Alberto Mario Modi, acompañado por el ministro Rolando Toledo y el Procurador General Jorge Canteros, participó del acto que se realizó hoy en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se presentó formalmente el nuevo equipamiento, que fuera oportunamente donado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. También participaron del acto el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, autoridades del Poder Ejecutivo local y nacional, Eduardo Quatroppani, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República y los procuradores generales de Misiones - Miguel Piñero-, de Corrientes -César Sotelo-  y de Formosa, Sergio López, como así también integrantes del IMCIF y Gabinete Científico del Poder Judicial. El acto fue trasmitido a todo el país por videoconferencia ya que integró la inauguración de nuevos laboratorios que forman parte de la Red Nacional de Laboratorios Forenses, y fue encabezado por la presidenta de la Nación Cristina Fernández. En el Chaco se presentó formalmente el Laboratorio de Microscopía de Barrido Eléctrico del NEA con sede en Resistencia que prestará asistencia a la Justicia de las provincias del nordeste. Las autoridades Al comenzar el acto, el presidente del STJ, Mario Modi, señaló que “es una enorme satisfacción contar con este apoyo tecnológico donado por el Estado Nacional que viene a reforzar el equipamiento de avanzada con que cuenta el IMCIF, sigla que incorpora un gabinete científico y el Instituto de Medicina Forense. Creemos que con este refuerzo el servicio se va a proyectar hacia las provincias del NEA que recurren para sus investigaciones especiales a este instituto que nos honra y nos enorgullece”. Por su parte, el Gobernador Jorge Capitanich destacó que “…antes una prueba de ADN a nosotros nos demandaba seis meses de tiempo para el procesamiento y el costo, después disminuyó a 14 días. Tener esta capacidad para identificar los elementos probatorios nos permite garantizar más y mejor justicia que es el objetivo esencial desde el punto de vista de fortalecimiento institucional para una justicia con calidad de servicio para los ciudadanos”. Finalmente, Nadia Filipis, del Laboratorio de química legal del IMCIF, explicó que el equipo de referencia constituía un orgullo para la tarea que emprenden a diario y que el equipo de barrido electrónico “permite el análisis de mayor información que no obtendríamos con el microscopio óptico, como sí este equipamiento que nos va a dar información química relevante para poder solucionar algún cuestionamiento que tenga el magistrado”.