"Hubo colonización y persecuciones personales" Deja el cargo después de 25 años para jubilarse. Admite que se investiga menos la corrupción. Repasa la época en que Sobisch remodeló la Justicia a fuerza de cambios y juicios políticos. -Diario RIO NEGRO 00:35 01/04/2012- NEUQUÉN (AN).- Más de 30 años en el Poder Judicial neuquino, 25 de ellos como fiscal del TSJ, convirtieron a Alberto Tribug en testigo privilegiado, cuando no protagonista, de la historia judicial de la provincia. Como balance de su gestión remarca su presencia "en todos los procesos de cambio que se dieron" y recuerda "el proceso de colonización" que se dio a partir del 2004, durante el último gobierno de Jorge Sobisch. Antes de dejar el cargo, dialogó con "Río Negro". –¿Qué destaca de su prolongado paso por el Poder Judicial? –La presencia. No es soberbia, siento que he sido protagonista de este último cuarto de siglo en la provincia, en todos los procesos de cambio que se han dado. Si la actuación fue buena o mala lo evaluarán con el tiempo. –¿En qué estado deja el Ministerio Público Fiscal? –Tiene que crecer, está estancado, quizá producto de que todos están a la espera de que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Una deuda importante es la capacitación para el cambio. El fiscal es el que va a dirigir la investigación, y lo tiene que hacer con una policía propia. –¿Los fiscales actuales están en condiciones de asumir ese protagonismo? –Todo el mundo debe capacitarse. Una cosa es ser el titular de la acción y otra es salir a buscar las pruebas para que se pueda llegar en forma rápida a un juicio. –Mientras usted estuvo en el cargo pasaron varios gobernadores. ¿Alguno respetó menos la independencia judicial que otro? –Siempre hay intentos. En 1983 yo era secretario de la sala penal del TSJ cuando asume Felipe Sapag y se integra un tribunal de una forma muy heterogénea, con gente de afuera de la provincia y de acá, de distintas extracciones políticas. Después hubo una época de reacomodamientos, se produjeron cambios. El que quiere ser independiente lo es, y si tiene que pagar los costos los paga. Yo tengo la tranquilidad de que, quizá por el cargo, porque no resuelvo, no recibí presiones de ninguna índole. –Pero tuvo pedidos de juicio político. –Hubo tres. Uno en 1992, otro en el 2005 y después una amenaza que no se concretó. –¿Cómo vivió el del 2005, durante el gobierno de Jorge Sobisch? –Fue una época crítica, había un ataque direccionado. Se trató de desalojarnos a las personas, eso está probado. –¿Fue un avance sobre la independencia judicial? –Hubo una colonización de distintos sectores, persecuciones personales. Yo la padecí como la padecieron mucho más otros colegas míos. Y fundamentalmente estaba dirigido hacia el ministerio público fiscal. Lo dije en su momento, está documentado. –¿Fue por haber investigado a Sobisch, por haber llevado la causa de la cámara oculta hasta la Corte Suprema? –Creo que esto empieza antes, cuando estaban los vocales interinos (2002). En ese momento hay un despertar de determinado sector del poder judicial que no podía soportar el avance del ministerio público fiscal, que accionaba contra el quietismo del resto que por ejemplo no se preocupaba por modificar el Código de Procedimiento Civil. Nosotros sí estábamos trabajando (en el Penal). –¿En esa época se investigaba más la corrupción que ahora? –En ese entonces teníamos el servicio de investigaciones de la fiscalía (SIF). Después el Ejecutivo se da cuenta de que el SIF lo investiga también a ellos… por eso decía que la fiscalía debe tener su propia policía. –¿No cree que ahora se investiga menos la corrupción? –Hubo una relajación. No llegan denuncias. Lo que también es cierto es que cuando hubo casos se investigaron con mucha rapidez. No es la calidad de los casos que se dieron en aquel momento. –Usted mencionó que se desmanteló el SIF, pero también se desarmó el equipo que había en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. –Pasó todo lo que estuvimos historiando. Después hubo que pensar y se trabajó mucho con la Auditoría y con los fiscales de cámara en dar un nuevo diseño, para que cada fiscal no estuviera anquilosado en un sólo tema. Alguno me decía 'yo estaba más cómodo antes'. Claro, porque estaba en gestión rápida, veía hurtos, algún robo menor, nada más. –¿Hay capacidad para investigar casos más complejos? –Creo que sí, pero hay que capacitar. Y tecnológicamente estamos lejos.
Novedades
En la ciudad de San Carlos De Bariloche provincia de Río Negro, el pasado 6 de agosto de 2012, tuvo lugar la firma de dos importantes convenios de cooperación y asistencia recíproca entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, representado por el Sr. Ministro Dn. Julio Alak, y los Consejos que aglutinan a los Ministerios Públicos de todo el país, representados por el Dr. Alejandro Ficoseco y el Dr. Eduardo Quattropani, presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal respectivamente. El acto de suscripción contó con la presencia del Sr. Juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Dr. Enrique Mansilla y de la Sra. Procuradora General de Río Negro, Dra. Liliana Laura Piccinini. Uno de los convenios, tiene por objeto complementar la tarea iniciada con la adquisición de instrumentos e insumos efectuada por ambos consejos en el marco del Proyecto “Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses” y destinados a los Ministerio Públicos de todas las Provincias Argentinas para coadyuvar a la tarea de investigación en materia penal. En efecto el convenio permitirá poner en marcha un ambicioso plan de capacitación de miembros de los Ministerios Públicos de todo el país así como de los profesionales y técnicos de cada uno de los Laboratorios que permitirá mantener a estos absolutamente actualizados y a la altura de los equipos de última generación con los que ya se cuentan y respecto de los que se adquirirán en el futuro. Tiene por objeto además lograr la estandarización de procesos técnicos y capacitar a los operadores provinciales en las cuestiones relativas al tratamiento que debe dársele al lugar de comisión de un hecho ilícito y la correcta recolección de rastros y muestras que permitan lograr su esclarecimiento. Por otra parte, el segundo de ellos permitirá y promoverá la participación de los Consejos en las políticas de la Dirección de formación e informática técnica y legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De esa manera se busca facilitar el intercambio de información, promoviendo la difusión de acciones, actividades y políticas desplegadas por cada uno de los Ministerios Públicos provinciales, mediante la realización de estudios, trabajos de investigación y toda otra actividad tendiente a contribuir al conocimiento del derecho en todos aquellos aspectos relacionados con las trascendentales misiones atribuidas al Ministerio Público. Estaban presentes en el acto los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, Dres. María del Carmen Falbo –Proc. Gral. de la Pcia. de Bs. As.; Luis De La Rúa –Fisc. Gral. de la Pcia. de Sgo del Estero; Pablo López Viñals –Proc. Gral. de la Pcia. de Salta; Luis A. De Mitri – Ministro Fiscal de la Pcia. de Tucumán; Mario Bongianino –Proc. Gral. de la Pcia. de La Pampa; Miguel A. Molinari – Proc. Gral. de la Pcia. de Santa Fe; Hugo Montivero –Fisc. Gral. de la Pcia. de L Rioja; José Ignacio Gérez – Fisc. ante el TSJ de la Pcia. de Neuquén; Jorge Miquelarena – Proc. Gral. de la Pcia. de Chubut y Emilio Porras Hernández – Proc. Gral. Adjunto de la Pcia. de Chubut.
En el marco de la implementación de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense se realizó la primera entrega de móviles criminalísticos al gabinete científico judicial de la Provincia del Chaco. Las provincias que recibirán los móviles criminalísticos este primer semestre son Catamarca, 1, Chaco, 1, Córdoba 3, Corrientes 1, Formosa 1; La Pampa 1; La Rioja 2; Mendoza 1; Misiones 1; Río Negro 1; Santiago del Estero 3; Tucumán 3. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirá un móvil especializado en vigilancia.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el titular del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quattropani, suscribieron un convenio para promover la adhesión de las fiscalías provinciales al Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB) que recopila datos de armas de fuego, vainas servidas y proyectiles secuestrados en las investigaciones policiales. Esta información, que se recopila a través de la Base Central Nacional de Evidencia Balística, contribuye a identificar las armas utilizadas en hechos delictivos y actúa como auxiliar en investigaciones de crímenes y procesos judiciales. A partir de la firma de este convenio, el Consejo Federal de Política Criminal que agrupa a los titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias impulsará la participación activa de las fiscalías en la incorporación al SAIB. “Las herramientas de este sistema conforman un gran aporte a la investigación criminal y son un soporte de la actividad judicial. La implementación de este dispositivo permitirá ser más eficaces en la lucha contra el delito”, señaló Quattropani. Desde su creación, en noviembre de 2011, el SAIB cuenta con una base de datos de 2.813 vainas servidas y 996 proyectiles. A través del entrecruzamiento de información que se encuentra en la base de datos se han vinculado 86 hechos delictivos, incluido homicidios. “La presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos instó a articular esfuerzos entre los distintos poderes del Estado para optimizar los resultados en beneficio de los derechos de los ciudadanos. El desafío es ampliar este dispositivo a nivel federal para que todas las provincias incorporen la mejor tecnología y mejoren el desempeño de sus instituciones”, explicó Garré. El SAIB es administrado por la Policía Federal Argentina en el ámbito de la Superintendencia de Policía Científica. Las “Unidades de Generación de Códigos” son las encargadas de recibir las evidencias balísticas remitidas por las autoridades judiciales competentes a los fines de su registro en la base de datos. Los traslados de las evidencias balísticas deben cumplimentar las medidas de preservación probatoria, custodia y resguardo del material emitido. En el encuentro participaron la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerio Públicos y Legislaturas, Cristina Caamaño; los subsecretarios de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Ileana Arduino; y de Articulación Legislativa, Gustavo Sibilla; y el jefe de la Policía Federal, comisario general Enrique Capdevila. También asistieron los titulares de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales: Germán Garavano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), María del Carmen Falbo (Buenos Aires), Enrique Lilljedahl (Catamarca), Liliana Malvasio (Córdoba), Jorge Canteros (Chaco), Jorge Miquelarena (Chubut), Susana Verzenassi (Entre Ríos), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Mario Bongianino (La Pampa), Hugo Montiveros (La Rioja), Rodolfo González (Mendoza), Miguel Piñeiro (Misiones), José Geréz (Neuquén), Liliana Piccinini (Río Negro), Pablo Viñals (Salta), Fernando Estrada (San Luis), Miguel Molinari (Santa Fe), Luis de la Rúa (Santiago del Estero) y Oscar Fappiano (Tierra del Fuego).
En horas del mediodía del lunes 6 de agosto de 2012, tuvo lugar el Acto de Inauguración del Laboratorio Regional de Genética Forense con sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche y del Laboratorio Regional Patagónico de Toxicología Forense con sede en la ciudad de Cipolletti. (Ver videoconferencia).
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